El Reino Unido dio un paso que promete generar impacto global en el debate sobre el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes. El gobierno encabezado por el primer ministro Keir Starmer anunció que avanzará con una prohibición para que los menores de 16 años accedan a las principales plataformas digitales a partir de 2027.
La iniciativa apunta a reducir la exposición de chicos y adolescentes a contenidos considerados dañinos, a los contactos con desconocidos y a mecanismos diseñados para aumentar el tiempo de permanencia en línea, como el scroll infinito y los sistemas de recomendación algorítmica.
La decisión ubica al Reino Unido entre los países que endurecen las regulaciones sobre las grandes tecnológicas y reabre una discusión que también comienza a tomar fuerza en Argentina.
La propuesta británica alcanzaría a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube, aunque quedarían excluidas plataformas específicamente diseñadas para menores, como YouTube Kids, y aplicaciones de mensajería privada como WhatsApp o Signal.
Además, el gobierno británico analiza imponer nuevas restricciones para adolescentes de entre 16 y 18 años. Entre las medidas en estudio aparecen límites nocturnos, pausas obligatorias durante la navegación y restricciones para chatbots de inteligencia artificial con funciones románticas o sexuales.
“Los gigantes tecnológicos tuvieron su oportunidad y fracasaron, pero intervenimos para proteger a los niños, apoyar a los padres y establecer una nueva normalidad para las futuras generaciones”, afirmó Starmer al presentar la iniciativa.
¿Puede ocurrir lo mismo en Argentina?
La pregunta comenzó a instalarse rápidamente luego del anuncio británico. Aunque actualmente no existe un proyecto concreto para prohibir el acceso de menores a las redes sociales en Argentina, especialistas sostienen que el país cuenta con herramientas legales suficientes para avanzar en regulaciones de este tipo.
El abogado especializado en inteligencia artificial, protección de datos y ciberseguridad David Regairaz señaló que Argentina posee un marco normativo que contempla la protección de niños y adolescentes también en los entornos digitales.
Según explicó, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Ley 26.061 de Protección Integral establecen obligaciones para que el Estado garantice condiciones seguras para el desarrollo de menores, incluyendo los espacios virtuales.
Sin embargo, el especialista advirtió que la existencia de normas no implica necesariamente que haya una decisión política de avanzar con medidas restrictivas.
“La Argentina no parte de cero. Tiene herramientas legales para hacerlo. El problema es que históricamente no ha demostrado una aplicación consistente de este tipo de compromisos”, sostuvo.
El principal obstáculo: la privacidad
Más allá del consenso creciente sobre la necesidad de proteger a niños y adolescentes en internet, existe un punto que genera fuertes cuestionamientos. Para impedir que los menores accedan a determinadas plataformas es necesario implementar mecanismos de verificación de edad. Allí aparece uno de los mayores desafíos tecnológicos, legales y éticos.
Los sistemas que actualmente se analizan en distintos países incluyen reconocimiento facial, validación mediante documentos de identidad y otras herramientas biométricas.
Para Regairaz, ninguna solución logró resolver todavía el conflicto entre la protección de menores y el derecho a la privacidad de los usuarios. “Cualquier sistema de verificación requiere procesar datos personales de millones de personas para identificar a quienes son menores. Ese es un problema que todavía no tiene una solución satisfactoria en ningún lugar del mundo”, explicó.
Un debate que también crece en el país
La discusión sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes ya forma parte de la agenda pública argentina.
Especialistas en educación, psicología y tecnología vienen advirtiendo sobre los efectos del uso excesivo de plataformas digitales, especialmente por la exposición a contenidos nocivos, fenómenos de ciberacoso, problemas de autoestima y mecanismos de consumo diseñados para captar la atención de los usuarios más jóvenes.
Al mismo tiempo, sectores vinculados a los derechos digitales sostienen que cualquier regulación debe evitar caer en sistemas de vigilancia masiva o controles excesivos sobre la población.
Por ahora, Argentina observa lo que ocurre en países como Reino Unido, Australia, Francia, España y Canadá. Sin embargo, el debate ya está planteado y la pregunta empieza a ganar espacio: hasta dónde debe llegar el Estado para proteger a los menores en internet y cuánto está dispuesto a intervenir en el mundo digital.
